POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Esta vez la corrupción se extendió a los órganos de control y fiscalización, al extremo de que los miembros de la Cámara de Cuentas están sometidos a una investigación penal por obstrucción de justicia.
Perecería que como aquel popular merengue wilfridiano, “El barbarazo”, el sureño “acabó con to´”, sin que ningún órgano constitucional quedara fuera de sus huracanados embates.
El Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, Contraloría, Contrataciones Públicas y Procuraduría General de la República fueron reducidos a órganos de simples trámites de la voluntad y ambición políticas del momento.
El Congreso fue convocado en 2015 para la satisfacción personal del presidente de entonces y militarizado posteriormente para otro capricho continuista, frenado por un telefonazo imperial. Sello gomígrafo de los intereses presidenciales. El caso Odebrecht pende como espada de Damocles sobre el Congreso Nacional.
(El artículo 93 de la Constitución, en lo relativo a las “atribuciones en material de fiscalización y control” establece “aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas”).
La Cámara de Cuentas, “órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado”, quedó reducida, según confesión de su presidente Hugo Álvarez Pérez, a una institución temerosa, incapaz de consignar los hallazgos contables sobre irregularidades en los informes oficiales.
El funcionario reveló, en un extraño “midiatours”, que en el organismo hubo presiones internas y externas de “funcionarios, empresarios y hasta de amigos”. Alegó que había auditores que le confesaron presiones y temores y que los informes no reflejaban los hallazgos, excusándose en que emitió votos disidentes ante la impotencia de cambiar la situación. “Ahí había de todo, sobre evaluaciones, adjudicación, movimiento de tierra, de todo… ahí pasó de todo”, confesó al explicar su voto disidente a las auditorías de las 11 obras de Odebrecht.
Álvarez Pérez, interrogado en tres ocasiones en la Procuraduría, no convenció en cuanto a sus esfuerzos reales o supuestos para dejar sin efecto auditorías que no incluían hallazgos de irregularidades. Se le atribuye vinculación familiar con uno de los funcionarios palaciegos de mayor poder de la administración Medina.
La Procuraduría también involucró en un caso de corrupción a un excontralor de la República, encartado en el expediente “Antipulpo” por alegados pagos irregulares que involucra a familiares y allegados al expresidente Danilo Medina.
Rafael Germosén confesó que firmó diez dispensas para aprobar la liberación de fondos públicos sin el cumplimiento de los trámites requeridos y que fue sustituido en el cargo por negarse a darle celeridad a unos pagos en una reunión que sostuvo con el exadministrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
(“La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo, rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos”. Artículo 247 de la Constitución.
La exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán ha sido convocada en 8 ocasiones a la Procuraduría para interrogarla sobre su declaración de patrimonio y sobre algunos procesos de compras.
Y en el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez llueven las denuncias sobre irregularidades en cuanto a construcción de cárceles, suministro de alimentos a las cárceles y manipulación y prevaricación en el caso Odebrecht.
En fin, todos los órganos de control y fiscalización subvertidos y sus antiguos incumbentes bajo investigación sobre supuestos actos de corrupción.
